El gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó ayer la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). En ella se nos obliga a cambiar de vínculo contractual con la entidad municipal: pasar de laboral indefinido a funcionario interino sin el correspondiente proceso de pruebas selectivas de oposición, como única opción. Esta es una medida totalmente ilegal. Pero, aún así, han decidido continuar adelante con esta imposición. Esto, unido a la próxima aprobación de la ley de reforma de la administración local en la que se llevará a cabo la devolución de muchas de las competencias que ahora lleva la administración municipal a la administración autonómica: los servicios sociales municipales, entre otras más.
Esto va a hacer que tengan los argumentos para proponer los despidos con atención al argumento de que los cambios vienen impuestos por el gobierno central y, además, con el vínculo funcionario interino, el coste del despido es cero para el ayuntamiento, ya que, a un funcionario interino se le amortiza la plaza y no tiene derecho a indemnización por los años trabajados; en el momento que se les antoje echarnos.
Lo peor de todo esto es que los ciudadanos se quedan sin un Sistema Público de Servicios Sociales de calidad en la proximidad, en lo más cercano, en su barrio, que cubra todas aquellas necesidades que no puedan abordar por ellos mismos. ¿Qué pasa con los derechos de los ciudadanos que no pueden cubrir por ellos mismos sus necesidades? ¿Qué pasa con el Sistema Público de Servicios Sociales que tanto a costado construir? Ahora más que nunca ningún ciudadano puede quedarse sin el acceso público a las prestaciones sociales que necesiten.
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FUENTE: COMITE DE EMPRESA AYTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA





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