Financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial, que desde una dimensión económica, social, medioambiental y de género propicien la reactivación social y económica de zonas con problemas de despoblación y revaloricen el espacio rural. Las ayudas se destinarán a financiar proyectos innovadores de carácter singular y demostrativo, que tengan como finalidad la lucha contra la despoblación, el desarrollo sostenible y la transición ecológica.

En los últimos decenios, la cohesión territorial y social de España se ha visto condicionada por una crisis territorial derivada de un modelo que ha posibilitado la gradual concentración de servicios, actividad económica e inversión en las áreas urbanas y metropolitanas, lo que ha generado desigualdades territoriales estructurales que afectan a los municipios de menor población y ha dificultado el desarrollo económico y social y el bienestar de la población española.

Por un lado, se han intensificado los movimientos migratorios a las grandes ciudades y áreas metropolitanas con la consiguiente pérdida de población en amplias zonas, lo que ha derivado en déficits en los servicios públicos y falta de oportunidades de desarrollo de proyectos vitales. En especial, su menor accesibilidad dificulta la incorporación de sus habitantes y de sus estructuras productivas a una nueva realidad económica cada vez más dependiente del sector terciario y en la que la producción de bienes y servicios tiende a concentrarse de forma creciente en espacios geográficos reducidos, pero que acogen un porcentaje cada vez mayor de la población española y de la actividad emprendedora del país.

Según datos de Eurostat, la densidad de España en su conjunto se situó en 2020 en 93 personas por kilómetro cuadrado, por debajo de la media de la Unión Europea, de 117 hab./km², o de países como Francia (100 hab./km²), Portugal (115 hab./km²) o Alemania (232 hab./km²). Es más, tomando como base para este análisis la actual organización municipal, los datos más recientes indican que los municipios de 5.000 o menos habitantes suponen, a 1 de enero de 2019, el 84 % del total, si bien en ellos residen alrededor de 5,7 millones de personas, lo que supone el 12,12 % del total de la población española. Por este motivo, España se enfrenta desde hace ya varios años a un serio desafío de despoblación de grandes áreas de su territorio.

Por otra parte, un número relevante de los municipios que cuentan entre 5.001 y 20.000 habitantes también presentan patrones preocupantes de despoblación. En concreto, a 1 de enero de 2019, existen en España un total de 889 municipios entre 5.001 y 20.000 habitantes; pero un 45,6 % de ellos han perdido población en el periodo 2015-2019 y en un 32,7 % el porcentaje de personas con edad igual o superior a los 65 años supera la barrera del 20 %.

La consecuencia de este cambio es que la actual estructura territorial, demográfica y social de España se caracteriza por sus fuertes desequilibrios internos, la desigualdad de hecho para hacer efectivas las expectativas personales y profesionales de la ciudadanía, la dispersión territorial y las disparidades de desarrollo y bienestar, lo que conlleva inexorablemente al aumento de la vulnerabilidad territorial.

Una vulnerabilidad territorial caracterizada por la existencia de obstáculos adicionales para el desarrollo económico y el bienestar social, en especial debido a un elevado nivel de envejecimiento, un reducido número de población joven, una pérdida de población de forma continuada a lo largo de varios años, una pirámide de población descompensada, un reducido número de mujeres en edad de tener hijos y, por tanto, favorecer el reemplazo generacional, un elevado nivel de dispersión que dificulta la comunicación y la ausencia o carencia en un radio cercano de los servicios básicos más esenciales

Además, estas circunstancias también han puesto de relieve las dificultades de abordar con su actual organización y funcionamiento administrativo los problemas derivados de una realidad compleja y expuesta a nuevos cambios que podrían en el futuro agravar aún más los problemas de desequilibro territorial y de igualdad de derechos para toda la ciudadanía del país, con independencia del lugar donde residan.

Esta realidad apunta la urgencia de desarrollar una política planificada, integrada y coordinada para la revitalización social, económica y medioambiental de estas zonas. Tanto la Agenda 2030 como los objetivos de Desarrollo Sostenible tienen como presupuesto inexcusable garantizar la cohesión social y territorial. La Agenda 2030 establece las bases para una adecuada remuneración de los bienes por parte de toda la sociedad, lo que ha de formar parte del nuevo contrato social, en este caso, entre el mundo rural y el urbano.

Asimismo, la Agenda Urbana Española –marco político derivado de la Nueva Agenda Urbana- también tiene en cuenta los pueblos y los territorios predominantemente rurales, que también juegan un papel importante en el desarrollo y que viven bajo el constante riesgo de la despoblación por su vinculación con lo urbano del que dependen y por el que, en ocasiones, pueden verse amenazados.

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FUENTE: BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO / TRAZOS DIGITAL 2021